Todos sabemos que España es un país de gente trabajadora en su mayoría, pero siempre ves noticias que te sorprenden y a la vez indignan.
Y es que estas «canalladas» no son castigadas como es debido y la gente seguirá pensando que ellos harían lo mismo si estuvieran en esa posición, total el castigo es ridículo.
Penas y castigos más duros solucionarían parte del problema. Además de cambiar los nombres a «usurpación de bienes», «estafa», «evasión de impuestos»… y un largo etc, que tienen una misma denominación ROBO, y sobre todo ROBO a los ciudadanos y gente trabajadora como la gran mayoría en este país.
Estos son algunos ejemplos:
Un funcionario logra estafar al Ayuntamiento de Santa Cruz
Reconoce los hechos pero no ha devuelto el dinero. Ha sido condenado a cuatro años de cárcel
Primero fueron cantidades no muy importantes para una caja que mueve miles y miles de euros, pero al cabo de cinco años, Juan Manuel G.C. logró malversar hasta 233.664,48 euros al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, un dinero que no consta que haya devuelto aunque haya reconocido el delito, lo que le ha librado de un juicio con jurado.
Al reconocer los hechos, la Fiscalía y la abogada de la defensa llegaron a una sentencia de conformidad, rebajada a la mitad de la pena que en principio se pedía por malversación de caudales públicos, cometida por funcionario, en concurso con la falsedad en documento oficial. El caso es que Juan Manuel siempre reconoció los hechos, desde que fue investigado y luego condenado por el Tribunal de Cuentas en 2006. Acto seguido, los abogados del Ayuntamiento abrieron la vía penal.
El condenado era operador de ordenador. Estaba al cargo de la sección de informática del Servicio de Administración General y Gestión de Recursos del Área de Servicios Centrales, que incluye la de Ejecución de Presupuesto (pago nóminas) y por ello tenía las claves de usuario y contraseña para acceder a las bases de datos municipales.
Accedía al servidor de Oracle y, desde allí, a una clave informática que le permitía modificar su nómina con un editor SQL, tanto en el sueldo base como en complementos, total de devengo y líquido a percibir. Una vez que se había hecho la transferencia bancaria, Juan Manuel volvía a acceder a la misma base de datos e introducía los datos correctos de sus haberes.
Para no dejar ni rastro de estas operaciones y que no quedara su huella en el llamado «borrador de nóminas», el acusado introdujo una modificación en la programación del aplicativo GINPIX-CS, para que el borrador reconociera el pago en nómina que se le había hecho.
Llevó a cabo está maniobra durante cinco años, pero no todos los meses. Entre agosto y diciembre de 2000 se llevó 5.900.000 pesetas (35.459,71 euros); entra marzo y diciembre de 2001 malversó 71.409,24 euros; entre mayo y diciembre de 2002 hizo cinco operaciones por un valor de 56.223,46 euros. En febrero, julio, agosto, noviembre y diciembre de 2003 se apropió de 52.067,08 euros y, finalmente, entre febrero y noviembre de 2004, de otros 18.504,99 euros.
A los 233.664,48 euros malversados, el Ayuntamiento ha añadido otros 19.371,43 por intereses. Y, por supuesto, el operador de ordenador ha perdido su puesto de trabajo, ya que no podrá ser funcionario público en seis años.
‘Perdonan’ la multa de 102.000€ al líder de UM en Santanyí por su cantera ilegal
El expediente abierto por la Conselleria de Industria contra la Gravera Sa Creu de Santanyí por el derrumbe de la carretera que conduce al Puig de Consolació ha permanecido dos años guardado en un cajón sin que nadie lo firmara. Son los dos años fijados por la ley para declarar su caducidad y esto es lo que ha sucedido. De esta forma el propietario de la cantera, que a su vez es el líder de Unió Mallorquina en Santanyí, Biel Vidal, se libra de pagar una multa de 102.000 euros. En el expediente había otra propuesta de sanción de 40.000 euros al ingeniero de la explotación minera, que tampoco tendrá que abonar.
El derrumbe de la carretera que conduce al Santuari de Consolació se produjo el 24 de agosto de 2007. En aquel momento tanto el Ayuntamiento de Santanyí como la Conselleria de Industria abrieron expedientes a la cantera por realizar una actividad ilegal. La explotación minera no tiene licencia de actividad. El expediente del Ayuntamiento se resolvió en los términos establecidos y finalizó con la imposición de una multa de 60.000 euros al propietario además de obligarle a sufragar el coste de la reconstrucción de la carretera.
La Conselleria de Industria, por su parte, le abrió expediente por haber excavado en una zona no permitida, precisamente en el talud que sostiene la carretera. Dos años después de la apertura del expediente nadie lo había firmado, ha caducado y aquí ya no hay marcha atrás. De esta forma el Govern ha perdonado una sanción de 142.000 euros a la cantera del concejal de UM en Santanyí. La Conselleria de Industria está en manos del PSM siendo la consellera Xesca Vives. El responsable directo de las canteras es el director general de Industria, Guillem Fullana, que es la persona que debería haber controlado el expediente sancionador.
Guillem Fullana ha reconocido a este medio que el expediente ha caducado y culpa de ello al funcionario que lo tramitaba, que no es otro que el sancionado C. G. contra quien tiene causa abierta la Fiscalía Anticorrupción. Fullana comenta que el ingeniero de Minas C. G tramitó el expediente y que una vez concluido se lo presentó sin firmar: «Me dijo que lo firmara yo pero esto no era posible, el expediente tenía que firmarlo el funcionario que lo había tramitado», afirma el director general. «El funcionario se comprometió, sigue Fullana, a entregarlo firmado pero nunca lo hizo y debido a todo el jaleo que tenemos intentando poner orden en el sector de las canteras nadie se acordó de este expediente y cuando un día pregunté por el mismo, nos dimos cuenta de que ya habían pasado dos años y que había caducado».
Los bancos y sus comisiones por las ayudas a Haití
